La propuesta de la DGT ante la comisión de Seguridad Vial, de tratar de modificar la Ley de enjuiciamiento criminal para poder hacer la prueba de alcohol a los heridos en accidentes de tráfico, ha creado, como siempre, la réplica de las asociaciones de Conductores, en especial la de AEA.
Es curioso que esta asociación, que se denomina del automovilista, considere la defensa de una parte de conductores y no de otra, la más perjudicada, la que muere.
Hasta ahora, a los fallecidos, no se les puede pedir permiso para realizarle las pruebas de alcohol o drogas, ni siquiera hay que pedirlo a los familiares, son obligatorias.
Pero si el accidentado, no está en situación de conceder el permiso o no se le puede realizar la prueba de soplado, se necesita una autorización judicial para realizarsela.
¡Mandaaa huevoooos!, como diría un político
¡Es anticonstitucional!
¿Y matar a una persona no?
Señores de AEA y de todas las demás asociaciones defensoras de los derechos del conductor, colaboren con las autoridades en este nuevo empeño de reducir muertes y clarificar las causas de las que se producen, pero no pongan el embudo ni hacía un lado ni hacia otro.
No se trata de volver a una dictadura. Se trata de hacer una democracia cada día más justa.
No se trata de saltarse a los jueces. Ellos seguirán siendo los primeros y los últimos en dictaminar y juzgar.