Doscientas webs están ahora mismo en una lista negra que la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos hizo llegar a la polémica Comisión de Cultura para que sean censuradas. Alegan que estas páginas que facilitan los enlaces para acceder a descargas ilegales son responsables del 80 por 100 del tráfico de archivos protegidos.
Pero ese número se puede ampliar. Los internautas están nuevamente en pie de guerra porque acaban de conocer la redacción de la Ley de Economía Sostenible que incluye nuevas normas contra la “piratería”.
El Gobierno no solo podrá cerrar webs que ganan dinero con las descargas, sino también aquellas que aunque no tengan ánimo de lucro, actúen de mala fe “para causar un daño patrimonial”.
La facultad de valorar si un sitio web tiene malas intenciones y debe ser cerrado, y la tramitación de la denuncia, la ejercerá la temida Comisión de Propiedad Intelectual, denominada “policía cultural” por los activistas de la Red.
La nueva ley “permitirá recibir quejas de los ciudadanos, investigarlos y ponerlo en conocimiento primero del titular de la web, y si no modifica su comportamiento, ponerlo en conocimiento del juez para que pueda adoptar medidas cautelares”.
El juez, con un procedimiento ultrarrápido, tendrá un máximo de cuatro días para resolver el bloqueo de webs que afecten a la propiedad intelectual. Ya podían ser tan rápidos para juzgar, por ejemplo, la violencia de género.
El abogado especialista en derecho Informático y Propiedad Intelectual, David Bravo, compara en este vídeo, con mucha guasa, la importancia del delito de descargas ilegales.
En Facebook ya hay 190.000 internautas que apoyan el Manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en internet donde se denuncia la connivencia o complicidad entre Cultura y la Sociedad general de Autores.
Existen ya 600 webs que se “autoinculpan” de “intercambiar cultura libremente” y retan a Cultura a que les censure. Algo comparable con aquel “yo también he abortado” en la lucha por la despenalización del aborto.
La ley de Economía Sostenible, tan nombrada y tan desconocida, aún tiene un largo camino por recorrer. Antes de ser discutida en el Parlamento tiene que pasar por los órganos consultivos del Estado. El proceso durará meses, pero no conviene bajar la guardia hasta que se despejen las numerosas dudas que han suscitado las nuevas normas contra los “piratas”. Los derechos de autor no están por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la libertad de expresión, la privacidad y a la presunción de inocencia.