A muchos ciudadanos les sorprenderá, como a Mí en un primer momento, que para el presunto perturbado que lanzó un explosivo contra la residencia de los Duques de Palma en Barcelona el fiscal pida ingreso en prisión provisional.
Me explico mejor tan severa petición cuando me informan de que ese individuo no sólo posee antecedentes de trastornos psíquicos sino también de otros incidentes contra personas o bienes de la Casa de Su Majestad. Y, además, cuando me concretan que lo que lanzó contra la casa de mi Querida Hermana fue una garrafa con tres litros de líquido inflamable seguida de un cóctel molotov para que hiciera estallar aquella, lo que hubiera provocado una explosión considerable.
También llamará la atención que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya reclamado de la Generalitat el atestado policial de los altercados ocurridos en Barcelona durante la celebración de la Diada, con nuevas quemas de retratos de los Reyes y de las enseñas española y francesa, por presuntos delitos de ultrajes a la nación e insultos al Jefe del Estado.
Después del patinazo que significó el secuestro de la revista El jueves, no veo claras intervenciones judiciales como ésta contra los quemadores de símbolos nacionales. La escasa pericia que mostró en aquella ocasión el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, temo que se repita en veces sucesivas.
De hecho, son ya dieciséis los procesados durante el último año por meter fuego a retratos de Su Majestad y no sé si eso disuade de tales acciones o multiplica el eco de las mismas y satisface las ganas de notoriedad de los separatistas catalanes. A la vez, me doy cuenta de que si ese tipo de altercados reciben tratamiento de simples gamberradas sin prestarles mayor atención, sus autores se irán creciendo en la impunidad. Y todo tiene un límite.
En resumidas cuentas, no sé que será peor si pasarse o quedarse corto. ¿Lo sabrán quienes administran la Justicia?