¡Qué poco me gusta la imagen que ofrece España esta semana que tan ilustres personalidades extranjeras vienen a recibir los Premios Príncipe de Asturias! Ya sé que
en mi papel de Heredero debo mostrarme por encima del bien y del mal, sin entrar en banderías pero... ¡vaya panorama!
Con ocasión de las ceremonias de los Premios tengo ocasión de departir no sólo con los galardonados, sino también con los ilustres miembros de los jurados, con numerosos embajadores y con autoridades españolas. Me he propuesto mantener sólo conversaciones sobre la crisis, pero llenas de generalidades.
Porque ¿qué le respondo a un extranjero que se interese por la confluencia de protestas de la Policía y la Magistratura contra el Gobierno? No digamos si alguien saca a relucir la pretensión fallida (hasta ahora) del presidente Zaptero de acudir a la cumbre mundial para redefinir las finanzas mundiales.
Me sospecho que, por parte de nuestos invitados de fuera, su curiosidad se centre en el auto judicial sobre la Guerra Civil, sobre todo por la anunciada apertura de la fosa de García Lorca.
Sigo atentamente lo que ha desencadenado la iniciativa del juez Baltasar Garzón, por cuanto el desenlace de su sorprendente auto sobre crímenes de hace setenta años será un hito en la historia del Poder Judicial. Y mi obligación es observar muy de cerca el desenvolvimiento de los poderes del Estado.
Por lo que aprecio en los resúmenes de prensa que me pasan en torno a la polémica desatada por ese magistrado, da la impresión de que cada día concita más críticas hacia su ambición y proceder. Hasta de Javier Pradera, prestigioso columnista de El País, para quien "el auto de Garzón es una mediocre combinación de mediterráneos historiográficos, disparates jurídicos y sofismas legales".
Pero es un juez que no deja de ser noticia. Incluso es causante de que Jiménez Losantos haya arremetido nuevamente contra Su Majestad, señalándolo tachándolo de "el sucesor" de Franco, como se oye en este audio.
Veinticuatro horas después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurra su auto con una contundencia y severidad poco comunes, la directora del Instituto Nacional de Toxicología explica que la pretensión de identificar por ADN los restos de 114.226 desaparecidos de la Guerra Civil costará unos 137 millones de euros y varios años de trabajo. Y no por esos reveses deja de estar en el candelero: la Universidad de Jaén (su provincia natal) ha decidido nombrarlo doctor honoris causa.
Eso se puede considerar paradoja u otra cosa, pero no cabe que Yo me vea en la tesitura de comentarla, ni siquiera en conversaciones informales con los galardonados de los Premios Príncipe.