Según me comenta el personal de la Casa, desde la Vicepresidencia del Gobierno (departamento competente en la materia)
no han recibido grandes presiones para modificar el lenguaje de Su Majestad y del Heredero en actos oficiales, adecuándolo a lo que marca la
Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Lo prefiero así, pues aunque los textos de mis discursos como Príncipe Heredero tienen en cuenta lo dispuesto sobre lenguaje no sexista en el art. 14.11 de aquella ley, me resulta muy forzada, a veces ridícula, esa utilización hasta la saciedad del masculino y femenino, o del femenino y masculino, en tantos discursos políticos y documentos.
A ese respecto, desde la Casa se evacuaron en su momento consultas con la Real Academia de la Lengua e ilustres catedráticos y escritores. Casi todos advirtieron que muchas de las iniciativas gubernamentales contra el llamado lenguaje sexista pecan de un error de bulto: confundir los géneros gramaticales con el inexistente sexo de las palabras.
Bueno, pues esta semana se va a dilucidar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley de la diputada Olaia Fernández, del Bloque Nacionalista Galego, sobre uso de lenguaje no sexista.
Considera esa diputada gallega que la nomenclatura oficial para profesiones y empleos, definida en un Real Decreto de 1994 no respeta la igualdad debida. Puede que sea así, aunque la señora Fernández Davila yerra en uno de los ejemplos que cita: el término "fiscales", cuando se trata del plural de una palabra, fiscal, tan válida para un hombre como una mujer, a no ser que quiera retorcer el vocabulario para introducir "fiscala".
La autora de esa propuesta pide un Real Decreto urgente, pero no aporta una nomenclatura alternativa. Me huelo que el día que se discuta semejante reforma léxica en el Congreso se quedará pequeña la polémica levantada por el "miembras" de la ministra de Igualdad.
Precisamente los afanes de igualdad y antidiscriminatorios impregnan otros asuntos que verá esta semana la Cámara Baja. Así, un diputado del PSOE, Daniel Méndez, insta al Gobierno a promover "el reconocimiento internacional del día 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia".
Nunca había oído la palabra esa transfobia. No existe en el Diccionario de la Lengua, imagino que se referirá a la aversión (no al odio, como dice el diputado) hacia los transexuales, en paralelismo con el significado de homofobia respecto a personas homosexuales.
La elección del 17 de mayo debe ser porque ese día de no sé qué año la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como enfermedad mental. A mí, la verdad, me parece que esta proposicón de ley es una manera de rizar el rizo y dudo que institucionalizar un recuerdo anual de una época tan dramática para los homosexuales les satisfaga algún anhelo. Más bien me parece que tanta significación y diferenciación del colectivo homosexual resulte contraproducente.