Ya es mala pata, aunque no me coja de nuevas, que cuando Sus Majestades se encuentren lejos de España surjan problemas ante los que, en ausencia del Jefe del Estado, haya de ser Yo como Heredero quien represente ese papel. No lamento mis responsabilidades, sino que ocurran ciertas cosas cuando el Rey está de viaje.
Y estos días se ha ido nada menos que a nuestras Antípodas, Nueva Zelanda y Australia, mientras aquí ha ocurrido el primer atentado mortal de ETA en los últimos seis meses. Menos doloroso que ese suceso, pero más relacionado con la visión de estado, es la polémica entre Gobierno e Iglesia por la legislación sobre el aborto.
¡Qué más quieren unos que anatematizar al gobernante que se reclama laicista y se encuentra políticamente de capa caída!
¡Qué más desean otros que exhibir su laicismo/izquierdismo contra posiciones conservadoras y escasamente populares!
La Conferencia Episcopal acaba de pronunciarse con notable dureza contra la reforma legislativa sobre el aborto, pero ¿se puede esperar otra cosa de unos obispos coherentes con la moral católica? Entra en la lógica de las cosas y en la libertad de pensamiento.
En un largo documento, la jerarquía eclesiástica empieza hablando de Ley del aborto en vez de usar la denominación oficial (que se las trae) de Ley Orgánica de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Después define la motivación de esa iniciativa del Gobierno como "fuente envenenada de inmoralidad e injusticia que vicia el texto". Y a partir de ahí desarrolla su argumentario doctrinal.
Lo que más se comenta de ese pronunciamiento es lo que en las filas socialistas consideran intromisión política al pedir que los católicos no apoyen dicha ley. Tanto irrita ese llamamiento al Gobierno que su vicepresidenta y ministra de Economía -ajena a las relaciones con la Iglesia-, Elena Salgado, ha llegado a decir que los obispos, como siempre, no saben estar en su sitio, pidiéndoles que "dejen trabajar al Parlamento".
No ha estado muy feliz la ministra Salgado en esa afirmación y tampoco entiendo porqué polemiza en asunto tan delicado, cuando todo lo relacionado con la Iglesia es competencia de la vicepresidente Fernández de la Vega. Esta última ya tiene experiencia y sabe cuándo tensar y cuándo aflojar la cuerda con los obispos. Incluso con el Vaticano.
Con el documento de la Conferencia Episcopal se podrá estar de acuerdo o en franco desacuerdo, pero su llamamiento a los católicos no puede considerarse en su literalidad una intromisión en el Parlamento. Textualmente, los obispos piden lo siguiente respecto a la futura ley:
"De acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarla ni darle su voto". Parece una indicación de sentido común para los fieles, otra cosa es lo que a los diputados que sean católicos les dicte su conciencia moral y cívica.