Atónito compruebo que al ya complejo y acalorado debate sobre la situación económica se le ha sumado otro no menos apasionado y más antiguo aún: la regulación de la prostitución.
No es que un asunto haya suplantado al otro, sino que a los ojos de la opinión pública se han mezclado crisis económica y prostitución como dos patas de un mismo banco. No hay más que ver lo que dan de si los análisis y las ocurrencias para salir de la crisis. Y lo que no Me podía esperar es que en medio de este embrollo surgiera el oficio más antiguo del mundo como tabla de salvación.
A tenor de lo que leo y oigo, al final va a ser verdad ese sarcasmo que circula en algunos medios en el sentido de que el Gobierno prepara un impuesto sobre la prostitución que, vulgarmente, se denominaría la putada.
Apremiado Rodríguez Zapatero en el Congreso -como bien recoge la Agenda de Prensa- por los requerimientos desde Cataluña para prohibir la prostitución callejera, en el entorno del Presidente se está viendo la manera de poner orden en este mercado paralegal, obteniendo a la vez provecho fiscal para las exiguas arcas públicas.
El think tank socialista Fundación Alternativas llevó hace unos meses al Gobierno a la conclusión de que no hay que legalizar este sórdido comercio humano, sino penalizar a sus clientes o usuarios considerándolos responsables penales como prostituidores. Por los datos de los que dispongo, hasta ahora nadie ha encontrado en España la forma de tolerar a las prostitutas liberándolas de las mafias y los proxenetas.
Son muy complicados los escenarios económicos, sociales y vecinales que se presentan en cada supuesto, como bien recoge un artículo de La Vanguardia, que termina ironizando sobre las posibilidades económicas y fiscales de la prostitución: "Si antaño convertimos nuestra economía en un castillo de ladrillos, ahora podremos cimentarla en el comercio del cuerpo femenino. En una burbuja sexual".