Como miembro de la Iglesia Católica pero, sobre todo, como Heredero en
una Monarquía, la española, históricamente ligada a la Santa Sede y oficialmente confesional hasta hace poco, me interesa cómo se solvente en el Congreso de los Diputados la propuesta, que el jueves se discute, de
reprobación del Papa por sus opiniones sobre el preservativo.
Digo que me interesa, pero sin llegar a preocuparme, porque cuento con que el PSOE y el PP no secundarán la proposición de ERC, IU e ICV para que el Gobierno del Reino de España presente una protesta formal ante el Estado Vaticano que, por cierto, quiere poner orden en sus finanzas.
Ahora bien, tengo curiosidad por saber cómo será exactamente, y con qué matices, la posición de los socialistas.
Entiendo que Benedicto XVI no estuvo muy feliz aquel día de marzo pasado en Camerún cuando, refiriéndose al flagelo del sida, afirmó que "no se puede superar (el sida) con la distribución de preservativos, al contrario aumenta el problema".
Eso es lo que llevó a los diputados firmantes de la proposición no de ley a mantener que
"Un mensaje falaz y equívoco como el expresado por Benedicto XVI pone en riesgo la salud de millones de personas que puede llegar a confundir la defensa de una fe con un consejo médico que, como tal, es totalmente falso".
Los de ERC, IU e ICV se extienden en consideraciones sobre la eficacia del preservativo al que denominan "tecnología individual", pero su iniciativa no es probable que llegue a discutirse en el pleno del Congreso, al menos en los términos ahora redactada. De momento se va a discutir, y me parece que ahí terminará el asunto, en una Comisión.
No creo, en definitiva, que prospere esa propuesta de protesta oficial por las palabras del Santo Padre, porque éste es el Jefe del Estado del Vaticano, y en los usos y relaciones diplomáticas no cabe reconvenir o censurar ideas de jefes de estado extranjeros, salvo que se trata de cuestiones que afecten directa y exclusivamente a los dos países.